Página principal |
TEMA DEL MES Entrevista a Jeffrey A. Kaplan Director Ejecutivo de Open ePolicy Solutions, EE.UU. Por José Luis Tesoro
1. ¿Podría describirnos su visión general sobre la cuestión del software libre y de los estándares abiertos en el sector público? Mi visión acerca de las tecnologías abiertas -incluyendo estándares abiertos y software de código abierto- focaliza en ayudar a las personas a comprender que las tecnologías abiertas son vitales para conducir y canalizar una innovación que mejore nuestras vidas cotidianas, desde los registros de salud hasta los servicios públicos y las oportunidades económicas para pequeñas empresas. Cuando las tecnologías abiertas se incorporan en la vida de los ciudadanos y de las agencias que los sirven, los servicios y los intercambios de información dejan de estar bloqueados por tecnologías cuya naturaleza privativa y cerrada crea una dependencia prácticamente permanente en relación a un determinado proveedor de TIC. Si bien con una perspectiva superficial podría considerarse que ese tipo de dependencias “sólo” eleva los costos e inhibe la creación de nuevos servicios, una visión más cercana nos señala que puede ocasionar verdaderos desastres. En EE.UU., en el periodo inmediatamente posterior al huracán Katrina, las víctimas que intentaban acceder a los servicios de asistencia se vieron gravemente afectadas por el hecho de que la agencia federal de gestión de desastres se hallaba bloqueada con una tecnología controlada por un único proveedor. Tras cuatro años del desastre, muchas cosas han cambiado: la creciente tendencia hacia las tecnologías y estándares abiertos ha contribuido notoriamente a “democratizar” los datos y el acceso a servicios públicos. 2. ¿Cuál es su opinión acerca de la viabilidad de los estándares abiertos, del software de código abierto y del software libre en el diseño y la implementación de servicios gubernamentales y de e-Gobierno accesibles, escalables y seguros? La viabilidad de los estándares abiertos, de software de código abierto y del software libre en las administraciones públicas ya no es una cuestión enigmática. Agencias gubernamentales de todo el mundo despliegan tecnologías abiertas para potenciar funciones de misión crítica en diversas áreas, desde la defensa hasta la educación, los archivos nacionales y los servicios de salud. Hay una multitud de estándares abiertos y productos de software libre que están maduros y disponibles para el servicio. Pero en muchos lugares, las reglas y los hábitos confluyen contra ellos. Para cambiar las reglas se requiere, ante todo, un cambio de actitudes y de hábitos. En EE.UU., por ejemplo, las agencias de inteligencia –que usualmente deben cumplir con los más estrictos recaudos de seguridad- han liderado el uso de tecnologías abiertas. Si la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia Nacional de Seguridad han logrado plasmar, a través de tecnologías abiertas, una nueva plataforma colaborativa para compartir datos, seguramente pueden hacerlo también otras agencias en sus respectivas funciones centrales. En realidad, cada agencia debería verse a sí misma como una activa inversora en tecnología, y no simplemente como consumidora. Con base en este concepto, la CIA invierte, por ejemplo, en búsqueda, detección y desarrollo de tecnologías abiertas a través de In-Q-Tel (IQT), su entidad de inversión en emprendimientos promisorios de innovación tecnológica para la Comunidad de Inteligencia (http://www.iqt.org/). Sin perjuicio de la necesidad de cambiar sustancialmente las perspectivas, tampoco es cuestión de elegir todo abierto y todo el tiempo, especialmente en términos de código y de licencias. La meta podría ser “abrir paulatinamente” el ecosistema de TIC, tornándolo más flexible y más adaptable. Los ecosistemas abiertos de TIC son ágiles y heterogéneos; capaces de incorporar y combinar tecnologías abiertas y cerradas, privativas y libres. 3. ¿Puede proporcionarnos su visión sobre legislación y políticas específicas en el gobierno federal de los EE.UU.? Ante todo cabe reconocer que la incorporación de estándares abiertos, de software de código abierto y de software libre viene de larga data en el gobierno federal de EE.UU. Las agencias federales comenzaron a usar Linux en los años 1990. Personalmente desearía ver, en el gobierno federal de EE.UU., mayor energía en los esfuerzos -en términos de políticas, legislación y soluciones- en dos vertientes claves: (1) hacer que los datos públicos sean más accesibles y usables; y (2) habilitar a las agencias para reutilizar y compartir soluciones de TIC. Los logros en cada una de estas vertientes tendrán enormes impactos en cómo los ciudadanos interactúan con el gobierno y en cuán eficiente es el desempeño del gobierno. Daré dos ejemplos actuales para ilustrar este punto: El gobierno federal, en su “Acta de Recuperación y Reinversión Americana del 2009 (ARRA),” está gastando billones de dólares de los contribuyentes para proveer estímulos a una economía en recesión. El habilitar a los reguladores, a los ciudadanos y a los inversores para que puedan controlar el desembolso y el uso de esos dólares es vital para promover la “accountability” ante el público y para prevenir el despilfarro. Los estándares abiertos pueden ayudar aquí, pero siempre que exista una clara voluntad y una nítida acción de apertura por parte del Congreso y del Poder Ejecutivo. La Oficina de Gestión y Presupuesto exige ahora a todas las agencias que usen formatos abiertos estandarizados para sus informes financieros referidos a las transacciones vinculadas al ARRA. Esto permitirá que los informes sean más precisos y que puedan ser supervisados y auditados con mayor efectividad. El Congreso y el Departamento del Tesoro podrían aplicar el mismo método para el seguimiento y control de los miles de millones de dólares destinados al salvataje de la banca a través del Troubled Asset Relief Program (TARP). El hecho de habilitar a las agencias para reutilizar y compartir soluciones de TIC también impactará favorablemente en el desempeño y costo del gobierno. Ciertas agencias han exhibido un claro liderazgo en esta materia. El Departamento de Defensa lanzó Forge.mil (https://www.forge.mil/), un sitio Web que sirve como repositorio para proyectos de software libre de uso militar. La agencia aeroespacial de EE.UU. (NASA), creó un sitio similar para compartir software de código abierto desarrollado internamente. Si bien es bueno reutilizar software al interior de cada agencia, mejor aún es compartirlo entre distintas agencias (G2G). La Agencia de Sistemas de Información para la Defensa prevé abrir los códigos fuente de docenas de aplicaciones administrativas, de manera que puedan ser usadas por otras agencias del gobierno federal. Estos ejemplos de puesta en común de soluciones deberían ser replicados y expandidos hacia amplias comunidades de agencias, de manera que los desarrolladores y contratistas puedan beneficiarse y contribuir. 4. ¿Cómo caracterizaría el grado de adopción de estándares abiertos, de software de código abierto y de software libre en el Gobierno Federal y en los Estaduales? En todos los niveles de gobierno en EE.UU. -federal, estadual y local- se manifiestan relevantes desarrollos en materia de tecnologías abiertas. Hay herramientas abiertas ampliamente utilizadas, tales como Snort para la seguridad de redes, así como nuevos desarrollos como la Red Nacional de Información de Salud, construida por el Departamento de Servicios de Salud y Humanos con estándares abiertos y una plataforma de fuente abierta. El Departamento de Defensa de los EE.UU. aprobó oficialmente el uso de software de fuente abierta en 2003, previendo publicar nuevas pautas durante el corriente año. Con mayor amplitud y audacia, el gobierno del Reino Unido anunció recientemente que el software de fuente abierta será considerado en un pie de igualdad con el software comercial privativo en todas las compras relevantes del sector público. Tanto el gobierno federal como los estaduales de EE.UU. deberían considerar la viabilidad de formular políticas contundentes para promover la apertura. 5. ¿Cuáles son los principales desafíos y prioridades para fomentar el uso de estándares abiertos y de software de código abierto en las administraciones públicas? Para mejorar los servicios y, simultáneamente, reducir costos, las agencias necesitan disponer de opciones y de suficiente flexibilidad para seleccionar e implementar las mejores combinaciones tecnológicas. En ese marco, veo dos cuestiones -o impedimentos- que atentan contra la capacidad de los gobiernos para diseñar y desplegar servicios electrónicos escalables, integrables, fiables y seguros: la interoperabilidad y la cultura corporativa. En términos tecnológicos, percibo una gran barrera en los sistemas y aplicaciones que no pueden interoperar con otros más nuevos, o que sólo pueden hacerlo a través de costosas re-ingenierías. Considero que una agencia puede padecer bloqueos en sus posibilidades de interoperar, hasta que los sistemas heredados que la condicionan sean sustituidos íntegramente. Sin embargo, será imprescindible que las agencias prevengan cualquier posibilidad de incurrir nuevamente en el mismo error, escapando a cualquier tipo de “trampa” que –eventualmente- pueda hacerlas nuevamente cautivas de sistemas privativos condicionantes de su evolución en TIC. Pero los mayores desafíos para la creciente adopción de tecnologías abiertas no son tecnológicos, sino culturales y organizacionales. Es fundamental eliminar anacrónicas reglas y hábitos organizacionales que aún inhiben a las agencias para considerar equitativamente, entre las opciones competitivas, a las soluciones libres y a las privativas. Si bien los responsables de la selección pueden reconocer que disponen de soluciones abiertas aptas e interoperables, con base en sus hábitos y resistencias al cambio suelen permanecer “atrapados” por reglas, prácticas y prejuicios tradicionales sobre adquisiciones, licencias, reutilización y uso común de datos con otras agencias. Para finalizar, sugiero dos líneas de trabajo para que los gobiernos inicien el cambio requerido: (1) considerar a los estándares abiertos como la norma, y adoptarlos como prioridad en las políticas; y (2) proceder a una revisión completa de las reglas que rigen las adquisiciones de TIC.
Directora de Desarrollo del Programa Gobierno en Línea del Ministerio de Comunicaciones de la República de Colombia Por José Luis Tesoro
1.- ¿Podrías caracterizar las políticas del gobierno central de Colombia acerca de software libre y de estándares abiertos en el sector público? En la Declaración de Santiago aprobada en la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en 2007, los países adoptamos el principio de adecuación tecnológica según el cual las administraciones eligen las tecnologías más adecuadas para satisfacer sus necesidades. Asimismo en la reciente Ley de TIC aprobada por el Congreso de la República y que se encuentra para sanción presidencial, ha quedado establecido como uno de sus ocho principios orientadores el de neutralidad tecnológica, de acuerdo con el cual el Estado garantiza la libre adopción de tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos internacionales competentes e idóneos en la materia. 2.- ¿Cuál es la posición acerca de la viabilidad del software libre y estándares abiertos en el diseño e implementación de servicios confiables, escalables y seguros de Gobierno y e-Gobierno? Dentro de la Estrategia de Gobierno en Línea en Colombia se ha adoptado dicho principio de neutralidad tecnológica, a partir del cual se evalúan y utilizan diversas tecnologías como parte del proceso de elección de la opción más acorde al contexto de la situación a solucionar, teniendo en cuenta además características que impactan en el mediano plazo como la sostenibilidad y la escalabilidad. De esta manera, el uso de diversas tecnologías incluye la posibilidad de realizar desarrollos a la medida o de implementar soluciones ya existentes utilizando, en cualquiera de los casos, software con código abierto o privativo. En concordancia con estos lineamientos, se han implementado algunas soluciones utilizando software libre, lo cual ha permitido, además de lograr un desarrollo rápido de funcionalidades requeridas, un despliegue masivo de las soluciones de manera costo-eficiente. Asimismo, en la experiencia del Programa en la contratación de soluciones tecnológicas, se ha encontrado en los proveedores una fuerte tendencia a utilizar software libre como fundamento de las soluciones que desarrollan, sobre todo a nivel de administración de contenidos, portales y servidores de aplicaciones y Web, lo cual propicia un mayor conocimiento de estas opciones por parte de los proveedores que redunda directamente en la mayor capacidad de atención y soporte a esta clase de soluciones. 3.- ¿Cuáles son las cualidades que destacan en los productos de software y estándares privativos para la administración pública? Varias entidades públicas han realizado inversiones para implementar software y estándares privativos, resultando menos costoso el mantenimiento adaptativo para ajustarse a nuevas condiciones y garantizar su operatividad. Los proveedores de esta clase de soluciones han flexibilizado sus esquemas de soporte y ofrecen servicios que facilitan a las entidades de la administración un alto nivel en las soluciones tecnológicas. Por lo tanto, nuestra orientación señala la necesidad de capitalizar estas inversiones y generar valor sobre las mismas, propendiendo a su integración con arquitecturas más abiertas, que les permitan convivir e interoperar con otros sistemas no privativos en ecosistemas abiertos. Es difícil generalizar acerca de las cualidades de esta clase de soluciones privativas, ya que -como se mencionó anteriormente- este análisis debe ser realizado para cada caso en particular. Sin embargo, resulta pertinente citar algunas de las variables que se tienen en cuenta para evaluar soluciones cuando es necesario seleccionar una plataforma de trabajo entre distintas opciones, ya sean libres o privativas: usabilidad, fiabilidad, disponibilidad, seguridad, portabilidad, mantenibilidad, escalabilidad, reusabilidad, interoperabilidad, rendimiento, garantía de soporte futuro, garantía de actualización continua, garantía de detección y corrección oportunas de bugs y de vulnerabilidades de seguridad. Para el caso de software libre se consideran las siguientes variables para evaluar la mantenibilidad y soporte: tamaño de la comunidad, número de desarrolladores, número de servidores instalados, antigüedad y número de cambios o nuevas versiones por año. 4.- ¿Cuáles son las principales implementaciones con software libre y estándares abiertos en el Gobierno Central de Colombia? ¿Cómo caracterizarían el balance entre experiencias exitosas y fallidas en ese tipo de implementaciones en las administraciones públicas? En lo referente a soluciones lideradas por el Programa Gobierno en Línea, la más destacada sería la utilizada en el marco de la Estrategia de Gobierno en Línea en el orden territorial, con la cual se ha beneficiado a más de 1.000 municipios y departamentos de los más pequeños y con menores recursos en el país, que corresponden al 95% de estas entidades territoriales. Para ello, se ha utilizado software libre para proveer una solución estandarizada y parametrizable que les permite contar con un administrador de contenidos para construir su propio sitio Web, experiencia que ha comenzado a replicarse hacia otras entidades como Contralorías y Concejos municipales y que ha sido de gran interés para diferentes países de la región. Este tipo de herramientas también han sido utilizadas en portales y sistemas de información como el Portal de la Intranet Gubernamental, el del Lenguaje estándar para el intercambio de información (GEL_XML), la Ventanilla Única de Registro de la Propiedad Inmueble, en algunas cadenas de trámites y recientemente en la reestructuración que estamos adelantando para el Portal del Estado Colombiano, entre otros. En cuanto a experiencias exitosas lideradas por otras entidades públicas, es un ejemplo en el uso de software libre la solución ORFEO, que corresponde a un sistema de gestión documental implementado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que cuenta con su propia comunidad de desarrollo y ha sido acogido por múltiples entidades públicas (www.orfeogpl.org). 5.- ¿Cuáles son los principales desafíos y prioridades que se avizoran, en estas cuestiones, en las administraciones públicas? En cuanto a los retos a futuro se encuentra el de preparar a las entidades públicas para que, en el momento de seleccionar una herramienta de software, consideren de manera equitativa las herramientas de software libre; contar con esquemas de evaluación en las contrataciones públicas que permitan la participación de proveedores de software con herramientas de software libre y privativo en el mismo nivel de competitividad y por último continuar con desarrollos bajo esta filosofía siempre y cuando el contexto viabilice su utilización.
Entrevista a Rafael Pérez Colón Director de Relaciones con Instituciones Multilaterales, Microsoft Corp. Por José Luis Tesoro
1.- ¿Qué opciones ofrece hoy la industria del software a los usuarios? Creo que lo más importante al analizar las opciones disponibles a la hora de escoger el software, bien sea para los gobiernos, para las empresas o para los individuos, es entender que existen diversas opciones para la adquisición y utilización del software. La industria de software, con más de 50 años de historia, ha consolidado una variedad de opciones que -simplificando y sin entrar en detalles- incluyen principalmente: 1.1. Software comercial o privativo, donde una organización que invierte y desarrolla un producto de software establece un precio y un modelo comercial para ofrecerlo al mercado. Esta opción incluye dos modalidades principales: a) software de código abierto, donde se comparte el código fuente estableciendo un acuerdo comercial (o gratuito) para su utilización y modificación, y b) software estandarizado, donde no se comparte el código fuente y el usuario adquiere, mediante acuerdo comercial, el derecho a utilizar el software, pero no se le ofrece la opción para modificarlo. 1.2. Software libre o de código libre, que es ofrecido generalmente en forma gratuita y cuya utilización puede estar regulada por diversas formas legales, siendo la más popular la que permite que el código fuente sea compartido y que las modificaciones a su vez sean compartidas o devueltas a una comunidad de interesados, todo ello en forma gratuita. 1.3. Software de desarrollo propio, es una opción común en grandes organizaciones y también en los gobiernos. En estos casos, el cliente cuenta con un equipo propio para el desarrollo de software ó contrata a una firma comercial para que desarrolle las soluciones que requiere. Es muy común que los gobiernos desarrollen aplicaciones propias para temas como registro de ciudadanos, recaudación de impuestos, registro de propiedades, etc. Es habitual que las organizaciones que optan por esta ruta sólo desarrollen algunas capas de esos software y se apoyen en software comercial o software libre como plataforma (sistema operativo, manejador de contenidos, etc.). En estos casos el gobierno, siendo el dueño de sus desarrollos de software, tiene la opción de ofrecerlos a otros gobiernos que experimentan necesidades similares. En esta situación, los gobiernos se convierten en proveedores de software y disponen de las opciones ya enunciadas para ofrecer sus productos. En Microsoft hemos apoyado la práctica de compartir código entre los gobiernos mediante un modelo de cooperación y transferencia de tecnología y competencias técnicas. Creemos que esta práctica genera ahorros importantes para los gobiernos receptores y contribuye a acelerar la modernización del conjunto. Este modelo generalmente resulta ser uno mixto de software con código compartido, código estandarizado y código libre. Estas opciones han existido desde los inicios de esta industria y los usuarios han experimentado las ventajas y desventajas de cada una de ellas a lo largo de los años. En este marco el software privativo se diferencia por estar apoyado por una industria formal, con estructuras de apoyo técnico formales, opciones de precios y funcionalidades sobre las que el cliente escoge en función de sus necesidades, y generalmente un modelo de mejoramiento continuo mediante el desarrollo de nuevas versiones apoyadas por una inversión en I+D. Microsoft se funda en 1975, cuando ya existía una industria de software con sus diversas opciones. Desde ese momento, la popularización del computador personal y de Internet llevan al acceso amplio a estas tecnologías y a una mayor participación de los usuarios. En el área de los gobiernos, existe espacio para todo tipo de opciones de software. En el caso de Microsoft también ofrecemos todas las opciones que mencionamos como parte de nuestra oferta de productos. Por otro lado, el avance en la industria del software nos ha llevado a identificar funcionalidades que son comunes a la gran mayoría de los usuarios, incluyendo a los gobiernos. En Microsoft, nos hemos enfocado en identificar esos espacios y hemos puesto a disposición de los clientes paquetes de software estandarizado (sistema operativo, software de productividad, manejador de bases de datos, software para colaboración y manejo de conocimiento, software de búsqueda en Internet o Intranet, etc.) que apoyan esas necesidades comunes. Sin embargo, cuando los clientes requieren de soluciones particulares, hemos desarrollado alianzas con un gran número de empresas, generalmente locales en cada país, que pueden ofrecer esas soluciones específicas mediante productos que, a su vez, están disponibles en diversas opciones. En algunos casos, incluyendo los gobiernos, la solución final es un híbrido que incluye software en distintas modalidades. 2.- Ahora desearía que consideremos los siguientes factores de debilidad comúnmente enunciados para el uso del software privativo en las administraciones públicas: 2.1.- Independencia tecnológica: Como expliqué en el punto anterior, los gobiernos al igual que todo cliente, cuentan con opciones comerciales que les pueden ofrecer el tipo de solución que requieran. Creemos que lo esencial es entender que el eco-sistema del software puede ser tan sencillo o complejo como decidamos configurar nuestro modelo. Mientras más crítica sea la aplicación del software en cuestión, son más las preguntas que deben hacerse en el proceso de evaluación. Los costos y los riegos aumentan en relación directa con la complejidad en la mezcla de opciones que adoptemos. Estos son aspectos fundamentales en la decisión. Hay que atender a preguntas como: ¿Contamos con personal técnico capacitado para resolver problemas con el software? ¿Qué es más conveniente, un software comercial estandarizado que cuenta con miles de profesionales alrededor del mundo y una industria formal que responde por él, ó un desarrollo especial donde dependo de un pequeño grupo de especialistas para resolver cualquier tipo de problema? En la industria recomendamos: a) analizar los riesgos, b) analizar los costos y beneficios, y c) analizar el costo total del software. Es de particular importancia el análisis de costo total ya que en ocasiones se entiende que la utilización de un software libre (gratis) va a resultar más económico y esto no siempre resulta acertado cuando se realiza un estudio de costo total. Por otro lado, existen situaciones donde efectivamente el costo total es más bajo con un software libre. Aún así, siempre recomendamos que la decisión se adopte en función de un estudio amplio de las diversas opciones. En Microsoft asesoramos a los gobiernos sobre las formas para realizar estos estudios y, cuando lo solicitan, recomendamos firmas independientes especializadas en este tipo de evaluaciones. 2.2.- Control de integridad y seguridad: Esta es una preocupación que nos han planteado varios gobiernos. En el caso de productos estandarizados de Microsoft, hemos desarrollado un programa de acuerdos con los gobiernos interesados en inspeccionar el código de nuestro software. Este programa lo mantenemos con numerosos gobiernos para que cuenten con la certeza de la integridad de nuestro software, así como con la posibilidad de formularnos recomendaciones. 2.3.- Confiabilidad y estabilidad: En general, la confiabilidad y estabilidad del software varía, en todos los casos, con el nivel de complejidad del mismo. Si se desarrolla un software para un entorno controlado (hardware, comunicaciones, cantidad de usuarios, etc.), y el desarrollo sigue las mejores prácticas de la industria, su confiabilidad y estabilidad serán muy altas, dado que los niveles de estrés e incertidumbre serán muy bajos. Cuando se desarrolla un software sujeto a múltiples variables (operar sobre multiplicidad de hardware, interoperabilidad con otras aplicaciones independientes, sometido a cargas variables, etc.), es mucho mayor el reto de lograr alta confiabilidad y estabilidad, dados los altos niveles de estrés e incertidumbre. Si bien los productos de Microsoft, con su amplia presencia en varios segmentos, están sometidos a los entornos de mayor complejidad, los niveles de confiabilidad y estabilidad son altos y se continúan mejorando mediante nuestra inversión en innovación continua, I + D, e interacción continua con los usuarios. 3.- ¿Cuál es su opinión acerca del eventual establecimiento de la condición de "libre" en toda licitación o contratación de software en las administraciones públicas? Hemos visto gobiernos alrededor del mundo que han optado por establecer este tipo de condición. Con el correr del tiempo casi todos han concluido que en vez de beneficiarse se han limitado y en muchos casos ya han eliminado estas condiciones. Nuestra recomendación es la de mantener una posición de neutralidad tecnológica que permita en cada caso evaluar las opciones y escoger la más conveniente para cada situación. 4.- ¿Cuál es su posición acerca de las ventajas del software libre para beneficiar a las empresas locales de software, la industria tecnológica local, la economía y el empleo? La industria de software es un activo importante de nuestras economías. Lo ideal es que se logre generar un círculo virtuoso donde aseguremos que se incentiva la innovación, se generan recursos para I + D continuo y se genera capital que, a su vez, contribuye al crecimiento económico de nuestros países. Sin embargo, en el caso de América Latina y el Caribe aún tenemos mucho que atender para que contemos con una industria de software robusta. El principal obstáculo es este camino es la debilidad de nuestro sistema de Propiedad Intelectual y la falta de políticas enfocadas a apoyar el fortalecimiento de esta industria. En nuestros países, nuestros desarrolladores de software desarrollan cada día productos de calidad mundial que lamentablemente no logran comercializar efectivamente, porque no cuentan con los incentivos ni con la protección adecuada para los mismos. El software libre, tiene un espacio en esta economía del software, pero en ningún caso una economía de software basada en software libre solamente o software comercial solamente logrará generar este círculo virtuoso de impacto económico con todas las opciones que los clientes necesitan.
Entrevista a Djalma Valois Filho Gestor do Centro de Difusão de Tecnologia e Conhecimento (CDTC), Brasil Por Jose Carllinni (Argentina)
1.- ¿Cómo se inserta, a su juicio, el software libre en el contexto global de la “revolución digital”? La revolución digital tiene al software como un agente universal, intermediador de la inteligencia humana, que define, determina y da sentido al ciberespacio, generando nuevas culturas y dependencias. Todo ese poder implica riesgos y responsabilidades. La economía de escala, en los procesos de arquitectura, producción y distribución del software, favorece a los monopolios, pudiendo determinar la dependencia de formatos y estándares privativos. Como consecuencia, resulta crucial la selección y adopción colectiva de formatos y estándares digitales que apunten a ejercer algún control sobre la naturaleza, el alcance y el poder de esa intermediación. La inmensa incidencia social del software puede promover o reprimir las libertades humanas, y hasta someterlas a las libertades de mercado en la nueva economía. Como fruto de la conciencia ciudadana, el software libre, con su código abierto y propiedad colectivizada, nos ofrece alternativas socialmente equilibradas, globalmente eficientes y viables para escapar de las estructuras tradicionales de arquitectura, producción y comercialización del software. Una clara manifestación del éxito del software libre está en el conjunto de protocolos abiertos para intercomunicación entre redes -Protocolo de Control de Transmisión (TCP) y Protocolo de Internet (IP)- de la Internet, así como en el sistema operativo GNU/Linux, entre otros. Las bases de este éxito radican en que, en la economía del ciberespacio, la cooperación suele ofrecer una relación costo-beneficio superior a la competencia. Los beneficios se multiplican más aun por la estabilidad, agilidad y confiabilidad de los productos en un mercado libre de presiones monopólicas, así como de ventas comprometidas, forzadas o precipitadas. 2.- ¿Qué política se ha dado el Gobierno Brasileño en relación al software libre? Consciente del papel del Estado, tanto en la intermediación en el mercado del software como en la construcción de una sociedad más justa y solidaria, el gobierno brasileño, a través de proyectos como el Centro de Difusión Tecnológica y Conocimiento (CDTC), Casa Brasil, Computador para Todos, Gobierno Electrónico y Servicio de Atención al Ciudadano (GESAC), entre otros, propone la unión de esfuerzos entre el sector público, el sector privado y las universidades, con el objetivo de ampliar el conocimiento de la sociedad acerca del uso del software libre, además del uso de licencias libres a partir de la producción de los referidos proyectos. Entre los distintos esquemas de licencias libres utilizados por el poder público brasileño para inducir conciencia acerca de que la producción del Estado es un bien público y no un derecho privado, se destacan la Licencia Pública General (GPL), Licencia de Documentación Libre (FDL) y Creative Commons. Con base en las concepciones de colaboración y de solidaridad, el avance tecnológico ha servido tanto al Brasil como a los demás países de América Latina a través de convenios internacionales que han resultado en la construcción colectiva de soluciones libres en el mercado de la tecnología, solidificando un nuevo nicho de negocios en una coyuntura de crisis económica mundial. La opción por el software libre amplía sustancialmente el mercado de venta de servicios. Donde antes había sólo empresas de reventa de productos privativos, encontramos hoy empresas que venden servicios de instalación, configuración y mantenimiento de sistemas creados por terceros, sin costos de derechos de propiedad, que son requeridos también por organizaciones de países del primer mundo La economía generada por la opción por el software libre se expande a ritmo creciente. La empresa del gobierno brasileño del área de tecnologías de información, el Servicio Federal de Procesamiento de Datos (SERPRO), anunció este año haber economizado mas de 210 millones de dólares estadounidenses por haber optado por el uso de tecnologías libres. Con gran economía de recursos, la empresa está invirtiendo fuertemente en la construcción de soluciones libres como política estratégica para optimizar el uso de los recursos públicos, para incentivar y compartir conocimiento y para estimular la cooperación entre las esferas federal, estadual y municipal, así como con el segmento académico y en el conjunto de la sociedad. El SERPRO está colocando en el mercado el Demoiselle, un entorno que servirá de base para la construcción de nuevas aplicaciones para el gobierno brasileño. El nombre Demoiselle es en homenaje al gran aviador e inventor brasileño Alberto Santos Dumont (1873-1932), el primer hombre en despegar a bordo de un avión impulsado por motor aeronáutico, y coincide con el nombre de su último aeroplano. Si bien Santos Dumont tenía clara conciencia de los previsibles beneficios económicos de patentar sus inventos y desarrollos, a diferencia de otros pioneros de la aviación de su época, optó siempre por mantenerlos en el dominio público -sin registrar patentes- para que todos tuvieran la oportunidad de utilizarlos y mejorarlos. Aparentemente, Santos Dumont había ya incorporado los preceptos (“libertades”) hoy vigentes en la comunidad de software libre, que son: derecho a utilizar un producto con independencia del propósito, derecho a estudiar y aprender con el producto adquirido, derecho a alterar el producto y por fin, el derecho a difundir las modificaciones realizadas. Cabe señalar que las “libertades” del software libre no responden a un ilusorio idealismo solidario, sino al proceso histórico de la humanidad en el acceso al conocimiento. Dado que hasta el siglo 16 no existía el concepto de propiedad intelectual, todos los frutos del intelecto eran puestos libremente a disposición de la sociedad. El hecho de que la matemática, la física, la música y tantos otros componentes de la base del conocimiento humano fueran libres propició la construcción del conocimiento, permitiendo la intervención de millones de personas en la búsqueda de soluciones a infinidad de problemas. El nuevo orden creado en torno a la propiedad intelectual es un contrasentido y diverge de los intereses del Estado en la promoción de una nueva sociedad en la que todos deben tener acceso a los beneficios emergentes de la construcción humana. En este sentido, el software libre es más que una simple opción por el conocimiento colectivo, es una opción por el desarrollo sustentable; es en definitiva una opción por una sociedad basada en los principios del interés público, más que en los intereses privados. Siguen el camino en la construcción de esta sociedad varios países en desarrollo. Destaco en la cuestión del software libre a Brasil y a la Argentina, que vienen trabajando para fortalecer el conocimiento tecnológico a través de proyectos como el CDTC (http://www.cdtc.org.br), viabilizando el acceso social masivo al conocimiento libre y gratuito puesto a disposición por el Estado. Otros países como Venezuela, Uruguay, Paraguay y Cuba han desarrollado también proyectos con software libre, mostrando la intensa necesidad de América Latina y el Caribe de disponer de una relativa autonomía tecnológica. En fin, en este tercer milenio, la gran encrucijada humana nos pone frente a tres opciones: a) seguimos adelante como hasta el presente, con millones de personas excluidas, b) giramos hacia la derecha en la encrucijada y reforzamos la propiedad intelectual y el copyright, aumentando aún más el número de excluidos, o c) giramos a la izquierda de esta encrucijada y tratamos de encontrar soluciones colectivas, donde el conocimiento sea considerado un bien público como el aire, el agua y el derecho a la vida.
Entrevista a Miguel A. Amutio Gómez Jefe de Área de Planificación y Explotación en el Ministerio de la Presidencia de España
Por Jose Carllinni (Argentina)
1.- ¿Cuál es el marco normativo que regula el uso de los estándares abiertos en la Administración Española? En España, la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos [1] se refiere a los estándares según la fórmula de que “las Administraciones Públicas utilizarán estándares abiertos, así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos”. Este planteamiento queda recogido en los principios de la Ley y en los derechos de los ciudadanos y figura al servicio de la interoperabilidad, de la independencia en la libertad de elección entre las alternativas tecnológicas y de la no discriminación de los ciudadanos por razón de su elección tecnológica. También es de aplicación al Esquema Nacional de Interoperabilidad, cuyo objeto es el establecimiento del conjunto de criterios y recomendaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen un adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa, e incluso temporal que es la que afecta a la conservación de la información. Este Esquema tendrá la forma de un desarrollo legal de la citada Ley 11/2007, un Real Decreto, y se está elaborando con la participación de todas las Administraciones Públicas, con el liderazgo y coordinación del Ministerio de Administraciones Públicas. La finalidad del Esquema Nacional de Interoperabilidad es, por tanto, la creación de las condiciones necesarias para garantizar la interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empleados por las Administraciones Públicas, que permita el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través del acceso electrónico a los servicios públicos. Para ello, según indica la citada Ley, debe tener presentes las recomendaciones de la Unión Europea, la situación tecnológica de las diferentes Administraciones Públicas, así como los servicios electrónicos existentes en las mismas, y los estándares, según la formulación apuntada más arriba. La interoperabilidad ha de entenderse en el Esquema como un proceso integral, en el que no caben actuaciones puntuales o tratamientos coyunturales, debido a que la debilidad de un sistema la determina su punto más frágil y, a menudo, este punto es la coordinación entre medidas individualmente adecuadas pero deficientemente ensambladas. En consecuencia, el Esquema Nacional de Interoperabilidad deberá atender a todos aquellos aspectos que conforman las múltiples dimensiones de la interoperabilidad, a saber, organizativa, semántica, técnica y temporal. Entre las cuestiones relevantes a considerar figuran, ciertamente, los estándares, pero también las infraestructuras y servicios comunes, las herramientas genéricas y la reutilización de las aplicaciones de las Administraciones Públicas, de su documentación asociada, así como de otros objetos de información. En particular, deberá tratar también la dimensión temporal de la interoperabilidad, que se manifiesta a través de un enfoque de la conservación del documento electrónico que facilite la accesibilidad a medio y largo plazo, en las condiciones que sean de aplicación; así como otros aspectos más específicos en relación con los cuales la interoperabilidad es una cualidad esencial, tales como la firma electrónica y los certificados, la accesibilidad y el multilingüismo. 2.- ¿Qué papel desempeñan los estándares en el Esquema Nacional de Interoperabilidad? El protagonismo de los estándares es indudable: se aplican a las dimensiones de la interoperabilidad, a las infraestructuras y servicios comunes y herramientas genéricas, así como a la cadena de interoperabilidad que se manifiesta en el despliegue de los sistemas y los servicios como una sucesión de elementos enlazados e interconectados, de forma dinámica, a través de interfaces y con proyección a las dimensiones técnica, semántica y organizativa. 3.- ¿Cómo se puede concretar el mandato genérico de la Ley 11/2007 sobre los estándares? Dentro del proyecto del Esquema Nacional de Interoperabilidad se contempla la creación de un catálogo que incluya un conjunto mínimo de estándares y especificaciones técnicas abiertas que satisfagan lo previsto sobre estándares en el marco legal de la Unión Europea relativo a reglamentaciones técnicas y nacionales sobre acceso electrónico a los servicios públicos, de forma estructurada y con indicación de los posibles criterios de selección y ciclo de vida aplicables. 4.- ¿Cómo se puede realizar la selección de estándares para un catálogo? El valorar los estándares y especificaciones técnicas para los servicios de administración electrónica implica una considerable carga de tareas, que son prácticamente similares para todos los países que mantienen listas de estándares en sus marcos nacionales de interoperabilidad. Por esta razón, el programa IDABC de la Unión Europea [2] [3] ha elaborado, a propuesta de Dinamarca, un “método común de valoración de estándares y especificaciones” (CAMSS: Common Assessment Method of Standards and Specifications) [4], a partir del conocimiento de las prácticas existentes en materia de valoración de estándares para los marcos de interoperabilidad en los países europeos y de la identificación de los aspectos comunes, con el objetivo de facilitar la tarea de valoración de estándares y especificaciones técnicas para los marcos de interoperabilidad. Este método CAMSS identifica una serie de criterios relativos, primero, a la adecuación por parte del estándar a la función requerida, en términos de relevancia y satisfacción de las funcionalidades requeridas; segundo, al potencial, en términos del impacto de la adopción, estabilidad, escalabilidad y capacidad de extensión del estándar para satisfacer futuras necesidades; tercero, al grado de apertura, en relación con la documentación y el proceso de elaboración del estándar; y, cuarto, a las condiciones del mercado, en términos de apoyo, madurez y reutilización del estándar. Finalmente, el vocablo ‘compartir’ se encuentra presente en la definición de interoperabilidad recogida en la Ley 11/2007; junto con ‘reutilizar’, ambos son importantes para la interoperabilidad y se encuentran entroncados con la correspondiente política en la Unión Europea plasmada en el Plan de Acción sobre administración electrónica i2010 [5]. La apertura influye positivamente en la interoperabilidad y es una condición que favorece la posibilidad de compartir y de reutilizar. En este sentido, la Ley 11/2007 reconoce el papel de las aplicaciones de fuentes abiertas al servicio de la reutilización y en beneficio de la interoperabilidad; así, establece que las administraciones podrán declarar como de fuentes abiertas aquellas aplicaciones de las que ostenten los derechos de propiedad intelectual y que mantendrán directorios de aplicaciones para su reutilización. El proyecto de Esquema Nacional de Interoperabilidad refleja este hecho y contempla que pueda aplicarse para este tipo de aplicaciones la Licencia Pública de la Unión Europea (EUPL) [6]. Además, en relación con esta cuestión, la Ley 56/2007 de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información [7] encomienda al CENATIC [8] la puesta en valor y difusión de aquellas aplicaciones que las administraciones públicas declaren como de fuentes abiertas. En conclusión, a la fecha, el Esquema Nacional de Interoperabilidad se encuentra en fase de elaboración, con el reto de plasmar, en un texto legal que haya de tener una razonable vigencia en el tiempo, una serie de pautas que contribuyan a la mejora de la interoperabilidad desde una perspectiva integral, atendiendo a su carácter multidimensional y tratando los estándares, las infraestructuras y servicios comunes y la reutilización; en particular, en relación con los estándares. Estas pautas han de concretar aspectos relativos a la selección de estándares en general y para un posible catálogo, junto con los aspectos de gobernanza del mismo. También habrán de tenerse presentes las posibles orientaciones en la materia del Marco Europeo de Interoperabilidad, cuya versión 2 se halla en elaboración a la fecha. Referencias [1] Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. http://www.060.es/te_ayudamos_a/legislacion/disposiciones/38437_LEG-ides-idimp.html [2] The Programme IDABC http://ec.europa.eu/idabc [3] La Construcción de los servicios paneuropeos de Administración Electrónica http://www.csae.map.es/csi/pg3315.htm [4] Common Assessment Method of Standards and Specifications, CAMSS. http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7407/5644 [5] Plan de acción sobre administración electrónica i2010 http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=2006&nu_doc=173 [6] The European Union Public Licence (EUPL). http://www.osor.eu/eupl [7] Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/22440 [8] Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación (CENATIC). http://www.cenatic.es/
Entrevista a Carlos R. Brys, Director de Modernización de la Gestión y Gobierno Electrónico en el Gobierno de la Provincia de Misiones, Argentina Por Jose Carllinni (Argentina)
1. ¿Cómo surgió la decisión de usar estándares abiertos y software libre en la administración pública de la Provincia de Misiones? La decisión de usar estándares abiertos en la administración provincial surge de una situación coyuntural cuando distintos organismos se vieron impedidos de intercambiar información debido a la incompatibilidad de los formatos de los archivos. Esto puso de manifiesto una realidad que permanecía ignorada o “naturalizada”: los documentos digitales históricos no pueden ser accedidos porque se desconoce el formato en que fueron almacenados, y los documentos de uso diario se tornan incompatibles porque el proveedor de la aplicación que los gestiona cambió las especificaciones del formato de los archivos. Dado que los organismos de la administración pública tienen la obligación de garantizar el acceso irrestricto a toda la información institucional, la utilización de estándares abiertos para los documentos electrónicos ofimáticos se constituye en una vía idónea para romper con una dependencia tecnológica de facto. El Estado, debe garantizar el acceso y la preservación de los datos que genera, almacena y distribuye, dado que éstos constituyen el "Patrimonio Digital de la Sociedad". La selección del software que se utilice en la administración pública determinará el grado de independencia tecnológica que se pueda llegar a alcanzar. Bajo los principios mencionados, es que se propicia el uso de los estándares abiertos y el software libre en el Gobierno de la Provincia de Misiones. 2. ¿Cuáles han sido los hitos en el camino ya recorrido y cuales prevén lograr en el futuro cercano? La adopción del software libre y los estándares abiertos es un proceso a mediano y largo plazo, ya que requiere de cambios de paradigmas en todos los niveles de gestión, en la cultura organizacional y un plan operativo complejo que no está exento de dificultades. El hecho relevante es que se ha logrado despertar en el seno de las organizaciones el interés por conocer, difundir y aplicar la filosofía del software libre. En este sentido, podemos destacar algunos hechos que marcan puntos referenciales en el proceso. En primer lugar, la creación del "Ámbito de Software Libre del Gobierno de Misiones". Se trata de un espacio colaborativo de reflexión e intercambio de ideas, una comunidad de práctica de donde surgen las iniciativas que se materializan luego en acciones concretas. En segundo lugar, destacamos las iniciativas de diversas dependencias del Estado; por ejemplo, el Poder Judicial exhibe un alto índice de uso de software libre; en el Ministerio de Cultura y Educación se ha conformado un grupo de trabajo que, con el lema "Escuelas Libres: Código Abierto, Mentes Abiertas" difunde la filosofía del software libre en las escuelas públicas, y recientemente la Policía ha institucionalizado su plan de adopción de software libre. En tercer lugar, con el valioso apoyo del Instituto de Formación para la Gestión Pública, un organismo que depende de la vicegobernación, se ha dictado un curso de "Gestión de Contenidos de Sitios en Internet con Herramientas de Sofware Libre (Joomla)", que nos permitió socializar el conocimiento para la producción de contenidos, y obtener la experiencia para capitalizarla en otras acciones análogas de capacitación. Finalmente, la estrategia del "convencimiento persona a persona" ha dado resultados satisfactorios en la difusión del Plan de Adopción del Software Libre: Cabe destacar aquí el compromiso de los políticos que comprendieron el nuevo paradigma y usan software libre en sus computadoras personales, lo que genera un "efecto demostración" y crea un efecto de “difusión viral” de la filosofía. Un factor crítico para lograr el éxito del plan de adopción reside en la capacitación. Prevemos lograr, en un futuro cercano, una capacitación masiva de los empelados de la administración pública en "Aplicaciones Ofimáticas con Software Libre", centrada en sus propios esquemas de pensamiento y diseñada específicamente para cubrir sus necesidades concretas de conocimientos y habilidades. 3. ¿Cuales son los apoyos nacionales e internacionales que han recibido? Un componente fundamental del Plan de Adopción de Software Libre y Estándares Abiertos reside en el proceso de sensibilización y difusión de la filosofía. La posibilidad de exponer la iniciativa en ámbitos externos al gobierno contribuye a ampliar la conciencia colectiva de la necesidad de usar el software libre. En este sentido, reconocemos la valiosa colaboración de distintas organizaciones que facilitan los espacios para la difusión. En el contexto internacional, gracias a los esfuerzos de Marino Marcich de la ODF (Open Document Format) Alliance, en 2007 la Provincia de Misiones pudo dar a conocer su proyecto en el Primer Workshop Internacional de Usuarios de ODF realizado en Berlín, Alemania. En el ámbito nacional, el Consejo Federal de la Función Pública, dependiente de la Secretaría de la Gestión Pública, por intermedio de la Comisión de Gobierno Electrónico, nos dio la oportunidad de exponer -ante representantes de todas las provincias- la propuesta de adoptar el software libre en las administraciones públicas. Y localmente, el grupo de usuarios de "Misiones Software Libre (MiSoL)" nos concedió un espacio preferencial dedicado al Software Libre en el Estado en el “Festival de Software Libre 2007. 4.- ¿Desea agregar alguna cuestión? Sólo me cabe concluir manifestando que existe un nuevo paradigma informático para las administraciones públicas. Es legal, es abierto, es políticamente correcto, es socialmente aceptable, y es libre.
RESEÑA DE PERFILES
Es consultor en gestión de agencias gubernamentales y compañías multinacionales en materia de políticas, alianzas y planes de negocios para tecnologías abiertas, e-Gobierno y medios digitales. Fue Fundador y Director del Open ePolicy Group, una red de políticas globales basada en el Berkman Center for Internet & Society de la Harvard University, y principal autor de su influyente Roadmap for Open ICT Ecosystems (ver reseña en sección “Para tener en cuenta”). En la actualidad, como Director Ejecutivo de Open ePolicy Solutions (http://openesolutions.com/), asesora a CEOs y a gobiernos de todo el mundo en el uso de tecnologías abiertas para impulsar y canalizar la innovación en los gobiernos y el sector privado. Es graduado con honores de la Harvard Law y de la Yale University.
Es Directora de Desarrollo del Programa Gobierno en Línea del Ministerio de Comunicaciones de la República de Colombia. Ha sido responsable de liderar el diseño y desarrollo de las principales soluciones del Programa entre las que se destaca el Portal del Estado Colombiano, el Portal Único de Contratación y su transformación al Sistema Electrónico para la Contratación Pública, cadenas de trámites como el Subsidio de Vivienda en línea y la ventanilla de Trámites Ambientales y soluciones que habiliten la interoperabilidad, entre otros. Ingeniera de Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en sistemas de información de la Universidad de los Andes, con trayectoria profesional en gerencia técnica de procesos de transformación utilizando TIC en organizaciones del sector público y del privado.
Es Director de Relaciones con Instituciones Multilaterales de Microsoft Corp., siendo responsable por las relaciones y estrategias de colaboración de la empresa con instituciones financieras internacionales, Intergubernamentales y bilaterales, en materia de TIC para el desarrollo en América Latina, Caribe, Iberoamérica y países miembros del Commonwealth. Con más de 30 años de desempeño en el campo de TI, reúne amplia experiencia en la actividad profesional, la consultoría, la docencia universitaria, la investigación y el periodismo. Es coautor de varios libros y artículos publicados internacionalmente y notorio expositor en encuentros internacionales en materia de TIC. Su formación académica incluye BS en Ingeniería Informática en la Universidad de Puerto Rico, Master en Ingeniería del Conocimiento y Doctor (ABD) en Informática de la Universidad Politécnica de Madrid, España.
Trabalha desde 1978 com Tecnologia da Informação e é atualmente Gestor do Centro de Difusão de Tecnologia e Conhecimento (CDTC) (http://cursos.cdtc.org.br) e Assessor do Diretor Presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, órgão da Casa Civil/Presidência da República do Brasil. Foi Coordenador de Informática na Secretaria de Recursos Humanos de Campinas, Diretor da Secretaria de Cooperação Internacional, Fundador da primeira entidade social pró-software livre no Brasil, o CIPSGA (Comitê de Incentivo a Produção de Software GNU e Alternativo) alem de Dirigente por 9 anos (como Diretor de Informática) da FENADADOS (Federação Nacional dos Empregados em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares) que congrega a grande maioria de sindicatos de trabalhadores de informática do Brasil.
A la fecha es Jefe de Área de Planificación y Explotación en el Ministerio de la Presidencia de España. Se incorpora al Ministerio de Administraciones Públicas en 1995. Es cabeza de la delegación española en el comité gestor de los Programas comunitarios IDA II (1999-2004) e IDABC (desde 2005) y en sus grupos de trabajo técnico y de expertos. Coordina los grupos de trabajo para el desarrollo de los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad. Es Presidente del órgano técnico de AENOR AEN GET 13 “Gestión de riesgos”. Posee las certificaciones profesionales /CISA/ y /CISM/. Es autor de artículos y publicaciones en materias tales servicios europeos transfronterizos, estándares abiertos, software libre y de fuentes abiertas y seguridad de TI, así como ponente en diversos congresos y eventos. Es Licenciado en Informática por la Universidad de Deusto (1988).
Es Director de Modernización de la Gestión y Gobierno Electrónico en el Gobierno de la Provincia de Misiones. Profesor de Informática, Comercio Electrónico y Gestión del Conocimiento en la Facultad de Ciencias Económicas de Universidad Nacional de Misiones, Argentina. Ha desarrollado proyectos de e-Gov y m-Gov en el Gobierno de Misiones. Actualmente investiga en modelos de la Web Semántica en el área de servicios a los ciudadanos por e-Gobierno. Es graduado en Estadística y Computación, con maestría en Informática y Computación, y candidato al grado de doctor en Ingeniería de Sistemas y Computación por la Universidad de Málaga. |
