e-Colaboraciones

Desafíos asociados a un déficit estructural de ética democrática

Por Luis Muñoz Varela, Universidad de Costa Rica

En la era de la Sociedad del Conocimiento, América Latina es -una vez más- expresión de múltiples vulnerabilidades estructurales. Con su acelerada heurística de transformación, las realizaciones contemporáneas de la ciencia y la tecnología acarrean inéditas tensiones para la región. Tales tensiones ponen de relieve las condiciones de rezago prevalecientes y acentúan las limitaciones que, en un marco de economía globalizada, afrontan los países y las sociedades de la región en distintas dimensiones claves en relación con los respectivos procesos del desarrollo nacional y con el logro del bienestar social.

La inequidad y la exclusión tienden a acrecentarse, la crisis económica planetaria afecta a los sistemas educativos, y los sistemas institucionales muestran notorias limitaciones para impulsar procesos de desarrollo nacional basados en principios de equidad, justicia social, sostenibilidad y mejora constante de la institucionalidad democrática.

En materia de implicaciones éticas asociadas con las TIC, el panorama de la realidad latinoamericana presupone el desarrollo de diversas acciones. La expectativa de fortalecer la democracia mediante políticas y estrategias sustentadas en las posibilidades del gobierno digital, seguramente encuentra su barrera más compleja en los déficit existentes en materia de investigación y desarrollo (I+D), educación y -de igual manera- en los niveles de pobreza prevalecientes en la región.

Para muestra, considérese las condiciones que presenta Centroamérica. La posibilidad de utilización y de acceso a las TIC es, hoy por hoy, significativamente deficitaria en esta subregión. Según cifras que aporta el PNUD (1), para 2007 el indicador de usuarios de Internet exhibe un promedio general de 97 usuarios por cada 1.000 habitantes para los siete (7) países que integran Centroamérica. Sin embargo, si se excluyen a Costa Rica y Belice, dicho promedio baja en el orden de un 40%: 59 usuarios por cada 1.000 habitantes. Un país como Honduras no llega a los 40 usuarios y Nicaragua apenas a 27. La relación resulta netamente desigual con países como Canadá o Estados Unidos, donde las cifras indican 520 y 630 usuarios de Internet por cada 1.000 habitantes, respectivamente. Desde luego, he aquí la desventaja que implica la brecha digital y que repercute en las más importantes disposiciones que los países necesitan impulsar para lograr mejores condiciones de vida para la población en general.

Basados nuevamente en las cifras del PNUD, a propósito de los recursos públicos destinados para la inversión en investigación y desarrollo, los países centroamericanos muestran aquí también guarismos precarios. Para 2008, únicamente dos países de la región ostentan registro de inversión en este rubro; no obstante, la proporción del PIB que destinan para ello no llega ni siquiera al 0,4%. En otros países de la región, la cifra es de 0%. Fue recién hacia mediados de la década de 1990 que los países centroamericanos comenzaron a promulgar leyes para la creación de instancias estatales dedicadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología. De nuevo, sólo dos de los siete países de la subregión exhiben algunos avances preliminares y visibles en esta materia.

Otra dimensión relevante asociada con las TIC es, desde luego, la educación. Difícilmente habría posibilidad de aprovechar el potencial que ofrecen las TIC, para encauzarlo en beneficio de la sociedad y del fortalecimiento de la institucionalidad democrática, si los sistemas educativos no reunieran las condiciones para sustentar adecuadamente los procesos formativos requeridos para tal aprovechamiento.

En materia de gasto público en educación, ninguno de los países de Centroamérica registra el nivel del 6% del PIB recomendado por la UNESCO. Antes bien, en al menos tres de estos países, dicha proporción es de apenas el 3%. El promedio general de gasto público en educación se sitúa, en la subregión, en un nivel de 3,75%.

Otro indicador importante de educación, asociado con las posibilidades sociales de acceso, utilización y aprovechamiento de las TIC, es la tasa de analfabetismo de adultos. Una vez más, con base en las cifras del PNUD, la situación para Centroamérica escenifica un panorama poco promisorio: en 2008, 4 de los países de la región presentan una tasa de analfabetismo de adultos del orden del 25%; además, en otro país, esta misma tasa es del 30%. Pero, aún más, valga tener en cuenta que las estimaciones sobre analfabetismo realizadas por el PNUD están basadas en un indicador que responde a una perspectiva todavía arcaica de la educación. A diferencia, se sabe que la Sociedad del Conocimiento tiene como su principal eje dinamizador y fundante la heurística de una permanente revolución de la inteligencia. Es decir, el indicador en cuestión no da cuenta de la realidad del nuevo analfabetismo; el analfabetismo de la Sociedad del Conocimiento. Al ser así, cabría plantearse la preocupación de hasta dónde podría estar llegando, en Centroamérica, la magnitud de este rezago estructural y de esta lacerante exclusión social.

En adición a las anteriores cifras, también es importante tener en cuenta la relación de acceso a la educación por parte de los diferentes sectores sociales. En un estudio de 2007, realizado por el Proyecto SITEAL de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), para Centroamérica, se señala: “Los registros revelan que un importante porcentaje de niños ingresan tardíamente en el sistema, pero también que otro importante porcentaje de niños nunca lo hacen. Hay una alta probabilidad de que estos últimos formen parte de los perdedores estructurales de las sociedades latinoamericanas que son cada vez más competitivas y excluyentes.” (2)

Al examinar los indicadores sobre asistencia neta por nivel educativo y la tasa de asistencia específica en la secundaria, se observa que, atendiendo a la disparidad urbano-rural, en todos los casos existen diferencias a favor de las áreas urbanas. Los países donde se evidencia un mayor contraste son Guatemala y Nicaragua. Estas diferencias son en general leves en la asistencia al nivel primario, pero se acentúan en la asistencia secundaria. A modo de ejemplo: en Guatemala, la probabilidad de asistir al nivel secundario de los adolescentes de las áreas rurales en edad de concurrir a ese nivel es del 13%, mientras que en las áreas urbanas la probabilidad de que sus pares asistan al mismo nivel es del 47%. (2)

La realidad que cartografía el anterior conjunto de guarismos permite plantear la hipótesis de que, en Centroamérica, las posibilidades de acceso social a las TIC están íntimamente asociadas con la ética de la democracia. Desde luego, no se trata de una democracia formal definida por la participación en las urnas. Antes bien, de lo que se trata es que los sistemas institucionales de cada país tendrían que asumir la responsabilidad de comprometer todos los recursos y esfuerzos necesarios, a fin de definir y orientar políticas públicas y cursos de acción que atiendan, de manera estratégica y en todas las dimensiones requeridas, el déficit estructural de democracia prevaleciente en la región.

La posibilidad de aprovechar el potencial ofrecido por las TIC se plantea -en la subregión centroamericana- radicalmente en términos de exigencia de una ética de la democracia. Las tecnologías que posibilita la Sociedad del Conocimiento generan nuevas oportunidades para fortalecer la democracia, así como para socializar ampliamente el conocimiento y la cultura. No obstante, aquí de nuevo emerge una compleja cuestión ética: esas mismas tecnologías también pueden conducir a una amplificación de la exclusión. Quizá ahora, más que nunca, la exclusión pareciera proyectarse bajo dimensiones e intensidades nunca antes registradas en la historia. Ya no se trata únicamente de la exclusión asociada con las condiciones materiales de existencia. La exclusión actual es también exclusión del acceso al conocimiento, bajo una realidad donde el conocimiento juega el papel preponderante y donde este pasa a ser -cada vez más- el más importante de los bienes, decisivo para el logro del bienestar social y, desde luego, para participar en los procesos asociados a la construcción de una mayor y más adecuada institucionalidad democrática.

Luis Muñoz Varela es Asistente de Rectoría de la Universidad de Costa Rica, donde tiene a su cargo la coordinación de proyectos institucionales en educación superior. Realizó investigaciones en integración regional y en internacionalización de la educación superior en Centroamérica, así como sobre gestión científica, tecnológica y educativa para la Oficina Regional de la UNESCO en Centroamérica. Desempeñó diversos cargos en el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) y en la actualidad es Secretario Ejecutivo Regional de la Organización Universitaria Interamericana (OUI) para la Región América Central. Es Licenciado en Filosofía (Universidad de Costa Rica) y Master en Ciencias con especialidad en Investigación Educativa (Departamento de Investigaciones Educativas, CINVESTAV/IPN, México).

(1) PNUD: Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2007/2008.

(2) SITEAL (2007), Informe sobre tendencias sociales y educativas en América Latina 2007, http://www.siteal.iipe-oei.org/informetendencias/informetendencias2007.asp, p. 141, 133.